Evo Morales empieza a equiparar las 36 lenguas indígenas de Bolivia al español


El quechua, el aymara, el guaraní y más de treinta lenguas indígenas tienen, desde este agosto, el mismo estatus oficial que el español en Bolivia. El presidente del país, Evo Morales, indígena aymara, ha promulgado la Ley de Derechos y Políticas Lingüísticas, que reconoce por igual todas las lenguas que se hablan desde siempre, así como el derecho de todo ciudadano boliviano a ser atendido e informado en su idioma materno. Estadísticas oficiales apuntan que un 87,4% de la población entiende y habla el castellano, un 34,4%, puede entender y hablar el quechua, un 23,5%, el aymara, y un 1% el guaraní.

Mediante este decreto, que cumple una promesa de Morales del 2006, se pretende "recuperar, revitalizar, revitalizar y desarrollar los idiomas oficiales en riesgo de extinción, estableciendo acciones acciones para su uso en las instancias "del Estado, mediante" políticas públicas y obligaciones institucionales para su implementación ". Según ha explicado el ministro de Educación boliviano, Roberto Aguilar, a partir de ahora "todos tienen derecho a identificarse como integrante de una comunidad lingüística, ya emplear su idioma materno de forma oral y escrita ".

Aunque es la primera vez en la historia de Bolivia que las lenguas de los pueblos indígenas alcanzan este rango legal, el oficialismo moralista no se ha salvado de las críticas durante la presentación de la nueva normativa. La Ley 269 de derechos y políticas lingüísticas, según informó la presidencia de Bolivia en un comunicado, reconoce derechos lingüísticos individuales y colectivos a los hablantes de cada una de las 36 lenguas autóctonas oficialmente reconocidas en el país sudamericano. Así, la norma otorga el derecho a "las comunidades, los pueblos y las naciones" bolivianos a recibir la educación en su propia lengua y en una segunda. Igualmente, todo boliviano tiene derecho al reconocimiento oficial de su nombre en su idioma materno ya usarlo oralmente y por escrito.

La ley desarrolla los preceptos constitucionales que están vigentes desde 2009. Hay que decir, sin embargo, que la Constitución da al castellano un estatus superior. Y es que, a pesar de que todas las lenguas son declaradas oficiales, el texto constitucional especifica que el castellano siempre tendrá que ser uno de los dos idiomas que el gobierno estatal, los gobiernos departamentales y los gobiernos autónomos usarán oficialmente. Esto hace que, de facto, el castellano sea la única lengua oficial en todo el país, mientras que cada departamento y cada autonomía indígena hará uso oficial de los idiomas originarios que sean hablados localmente.

A pesar de los progresos que el gobierno de Morales ha hecho en materia de derecho lingüístico, el sector crítico con Morales de la principal organización representativa de los indígenas bolivianos de las tierras bajas, la CIDOB, explicó que los asistentes a la presentación de la ley en la ciudad de Sucre silbaron Melva Hurtado, líder indígena cercana a Morales, cuando ésta saludó la promulgación de la nueva norma.

El motivo de la pitada tiene que ver con la disputa entre los indígenas de las tierras bajas bolivianas y que ha acabado dividiendo la CIDOB en dos organizaciones. Una es la oficialista, presidida por Hurtado tras una asamblea celebrada en julio, que da apoyo a Morales ya su plan de construir una carretera a través de un paraje protegido, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS ). La segunda es la CIDOB que podríamos calificar "de continuidad", encabezada por el hasta hace poco presidente de la CIDOB unificada, Adolfo Chávez, y que se opone a la construcción de la carretera del TIPNIS. Los indígenas de esta corriente han llegado a definir Morales como un "traidor" a la causa indigenista.

Después de meses de protestas de los indígenas, el gobierno boliviano ha acabado organizando un referéndum en TIPNIS sobre la aceptación o no de la infraestructura. La CIDOB "de continuidad"-que no reconoce la presidencia de Hurtado a la CIDOB oficialista-rechaza la celebración de la consulta, que considera ilegal. En la votación, los indígenas del TIPNIS pueden decidir si levantan el veto a la construcción de carreteras a través de la zona protegida. Y eso es, precisamente, lo que la CIDOB de Chávez asegura que va contra las leyes bolivianas.

La principal organización de los pueblos indígenas de los estados andinos, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), también está en contra del proyecto de Morales de construir la carretera. La CAOI, como la CIDOB de Chávez, dijo hace un mes que la consulta es "inconstitucional" y que, de hecho, la votación es una farsa porque las obras ya han comenzado.



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